Agrupaciones sociales marcharon ayer por segunda vez en Plaza de Mayo para exigir la liberación de la diputada del Parlasur, Milagro Sala, detenida desde hace dos semanas acusada de "instigación al delito y tumultos".
La marcha reunió a organizaciones de derechos humanos, y dirigentes de diversos partidos políticos. Participaron referentes de la izquierda como el diputado del Partido Obrero (PO), Néstor Pitrola, que consideró la detención como "un ataque a la protesta social y a todo el movimiento obrero y popular que tiene como tarea hacia adelante enfrentar el ajuste", y también otros dirigentes del FpV, el Movimiento Evita, MILES y la fuerza de la líder jujeña, Tupac Amaru.
La protesta frente a la Casa Rosada es para pedir la liberación de la líder de la agrupación Tupac Amaru y legisladora del Parlasur, quien permanece detenida desde el 16 de enero en un penal de Jujuy por "instigación a la violencia y tumulto", a raíz del acampe en Plaza Belgrano, ubicada frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Jujuy.
Mientras se desarrollaba la marcha en la Ciudad de Buenos Aires, en la capital jujeña se allanó la casa de Milagro Sala, ubicada en el barrio Cuyaya de San Salvador de Jujuy y la oficina de una cooperativa en Alto Comedero. Los allanamientos fueron realizados por orden del juez Gastón Mercau, a cargo de la causa por la que está detenida.
Cabe recordar que Sala fue detenida el 16 de enero con imputaciones penales a raíz de un acampe en plaza Belgrano con el que trabajadores de cooperativas de la Tupac Amaru y otras agrupaciones de la Red de Organizaciones Sociales, que ella lidera, reclaman desde hace más de 40 días diálogo al gobernador Gerardo Morales, pero luego de haber sido detenida el gobierno provincial la presentó denuncias por el manejo de los fondos que recibía del gobierno nacional, y la intención (ilegal, por cierto) es retenerla hasta tanto avancen las nuevas causas y se evalúe si por ellas corresponde que siga presa.
De hecho, los allanamientos fueron pedidos por la fiscal Liliana Fernández Montiel y ordenados por Mercau en el marco de esa nueva causa que acusa a Sala y otras personas, entre ellas presidentes de cooperativas y una legisladora provincial, de fraude a la administración pública y asociación ilícita.
Los allanamientos fueron realizados por integrantes de la Brigada de Investigaciones y del Cuerpo de Infantería de la Policía de Jujuy, en busca de documentación en papel e informática que relaciones a Sala con funcionarios del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ).
El pasado 18 de enero, el gobernador Morales formuló declaraciones en las que acusó Milagro Sala y "otros líderes de agrupaciones que se encuentran (acampando) en la plaza Belgrano" por el supuesto cobro irregular de cheques como anticipo de obras de construcción de viviendas sociales.
Entre los imputados por fraude a la administración pública se encuentran Olga Tufiño, Marcos Almasana, Alberto Cardozo, Juan Manuel Nieva, Javier Nieva, Damian Lacsi, Ramón Fernandez, Eduardo Sequeiros, Carlos Cruz, Joaquín Salas, Marcelo Almasama, Marcia Sagardìa, Pablo Tolosa, Marta Gutierrez, Raúl Aguilera, Juan Manuel Aguilera, Lucio Abregú y Luis Corrado, informaron.
Por otra parte, Milagro Sala, Sagardía y la diputada provincial Mabel Balconte están también imputadas por los delitos de "asociación ilícita" y "extorsión", aseveraron.
En cambio, quedaron al margen de estas imputaciones los ediles José Bejarano, Leopoldo Basualdo y el diputado provincial Emilio Cayo, todos electos por las listas de Fuyo, el partido jujeño liderado por Milagro Sala, quienes están ligados a las cooperativas y participaban del acampe pero optaron luego por abandonar la plaza, se sacaron fotos con Morales y comenzaron a formular denuncias contra su ex aliada.
En paralelo al desarrollo de los allanamientos, la Tupac Amaru dijo que abarcaban domicilios de personas que permanecían en el acampe y sobre la base de nuevas denuncias que las implicaban y de las que tomaban conocimiento "por los medios de prensa y no por notificaciones judiciales".
Según un comunicado de la organización, "esto forma parte de la continuidad de un accionar irregular que lleva adelante la justicia provincial cooptada por el gobernador Gerardo Morales" y sin brindar "garantías constitucionales básicas como la defensa en juicio y el debido proceso".
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